El subjefe de la bancada de diputados PS, Marcelo Schilling, negó cualquier intencionalidad política en la creación de esa entidad investigadora
Con 48 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora que se aboque a «analizar la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros que existen en nuestro país».
La petición surge a raíz de una investigación periodística de CNN-Chile y CIPER en la que se describen los peligros que presentan numerosos relaves mineros existentes en el país, que son abandonados después de la explotación de los respectivos yacimientos con el consiguiente riesgo para poblaciones aledañas y el medio ambiente.
Al respecto el diputado PS, Marcelo Schilling destacó la aprobación de esta instancia y afirmó que “nuestra obligación como parlamentarios es fiscalizar cualquier hecho irregular que viole normas existen y sobre todo si éstas ponen en riesgo la salud de la gente”.
En esta misma línea, el parlamentario socialista negó cualquier intencionalidad política en la creación de esta instancia y aclaró que es evidente que el Ministro de Minería Laurence Golborne “es demasiado joven como hombre y en política para ser responsable de estos depósitos”.
“Lo que sí tiene que explicar el Ministro es por qué, existiendo esta situación de grave peligro, propone un proyecto de ley que relaja las normas con que se obliga a las empresas a tomar precauciones a la hora del cierre de las faenas mineras, en beneficio de las personas. Ese punto a nuestro juicio debe ser explicado, en razón de esto es que hemos impulsado esta comisión investigadora”, señaló Marcelo Schilling.
En este sentido, el diputado PS dijo que el Ministro Golborne “tiene que superar y pensar primero la dificultad que le supone el ministro Hinzpeter antes de enfocarse en nosotros”.
Según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) se han contabilizado unos mil relaves a lo largo del territorio nacional, la mitad de ellos abandonados y que amenazarían a unas 200 localidades.
La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días.
