La Concertaciónde Partidos por la Democracia saluda al movimiento por la reforma de laeducación chilena que han encabezado los estudiantes de Chile, tantouniversitarios como secundarios, y que ha sido acompañado por profesores,padres y apoderados, rectores, académicos y funcionarios de nuestrasinstituciones de educación, y apoyado por la enorme mayoría de chilenos ychilenas de todos los sectores sociales.
Esta es nuestrarespuesta al planteamiento de los actores sociales de la educación. Nos comprometemos a que el debate en torno aeste tema que vendrá, y que tendrá lugar a nivel legislativo, sea de cara y node espaldas a los actores sociales, contando con una activa participación deéstos. Este es un borrador abierto al diálogode la sociedad chilena.
Esta movilizaciónciudadana, una de las más grandes y extensas que recuerda nuestra historia, hapuesto en el centro del debate nacional la preocupación por asegurar unaeducación de calidad y equidad para todos y reponer la educación pública entodos los niveles, para que ella cumpla los propósitos de inclusión ymovilidad social, desarrollo integral de las personas, formación de ciudadanosresponsables y solidarios, cultivo de las ciencias, las artes y lashumanidades. Tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza sonpilares de un solo edificio cuya columna vertebral es el concepto de educacióncomo bien público. Más aun, este movimiento le ha recordado al país querespecto del conjunto de la educación, corresponden al Estado deberesimperiosos para reforzar, extender y garantizar el derecho a la educación comoun derecho social y humano universal. Para ello es necesario comprender queeste clamor no es por un par de ajustes o unos beneficios aquí o allá, sino quees una demanda social por un cambio en los principios que organizan y dinamizanal sistema educativo, por un cambio estructural del modelo que hoy tenemos. Debeavanzarse hacia un sistema de financiamiento y una institucionalidad quegaranticen, en forma efectiva, el derecho a la educación y la libertad deenseñanza.
Creemos que unareforma integral de la educación debe implementarse a través de un NuevoPacto Social y Político por la Educación, que significa primero un pactoconstitucional para fortalecer y enriquecer el derecho a la educación,garantizando no sólo el acceso sino también la calidad de la misma; segundo, unpacto fiscal y tributario para garantizar efectivamente el derecho a laeducación de calidad y en igualdad de oportunidades para todos los chilenos ychilenas, y, tercero, un pacto sobre políticas públicas en educación, parasituar esta reforma como prioridad nacional en los próximos años y revertir, especialmente,el deterioro que experimenta la educación pública.
Interpretamos estamovilización como manifestación de una crisis de crecimiento: los problemas quenos plantean son tremendamente complejos, y obligan a iniciar una política denueva generación. Por eso, al ver el movimiento estudiantil no podemos más queser optimistas: ¡cuántos países quisieran tener una juventud capaz de remover asu sociedad para poner a la educación en el centro de la agenda pública! Ustedeslo han conseguido. Por nuestra parte asumimos y somos autocríticos de que, enlas políticas educativas implementadas, no logramos fortalecer de manera eficazel rol del Estado, la calidad de la educación pública y el derecho a laeducación entendido como un bien público y derecho social.
Adicionalmente,en el documento “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena”presentado el miércoles pasado, ustedes realizan un conjunto significativo deplanteamientos a los que quisiéramos responder, basándonos para ello ennuestras convicciones expresadas recientemente en documentos oficiales de la Concertación de Partidos porla Democracia. Como podrán apreciar, tenemos una altísima concordancia con laspropuestas por ustedes planteadas.
En enero de este año la Concertación fijó suscriterios para una reforma integral del sistema escolar y más recientemente, enjulio de este año, profundizamos esa mirada, incluyendo en él una posiciónsobre la educación superior y parvularia. En ambos textos afirmamos nuestraconvicción de que el rol del Estado en la educación es insustituible y que debeampliarse y fortalecerse, no solo en sus aspectos regulatorios, sino también enla provisión directa de la educación en todos sus niveles, parvularia, generaly superior, lo que requiere un aumento significativo del gasto fiscal eneducación, y por ende, un incremento de la recaudación a través de una reformatributaria.
Sostenemos que laeducación es un bien público, que debe cumplirse la ley que impide el lucro enlas universidades, que debe existir un fuerte sistema de rendición de cuentas yde aseguramiento de la calidad y que deben eliminarse todas las trabas alacceso equitativo a la educación, lo que incluye la necesidad de un sistemaestatal de educación fuerte y en expansión es la mejor garantía.
También hemosseñalado nuestra convicción de que la educación en Chile debe ser pluralista,democrática, de calidad y equitativa, y que el acceso y permanencia en elladeben asegurarse para todos en condiciones de igualdad de oportunidades, lo quesupone eliminar toda forma de discriminación arbitraria.
Es decir,reconocemos una amplia concordancia con los principios y planteamientos deldocumento entregado por el movimiento social.
Así, también enesta respuesta, nos pronunciamos sobre los planteamientos específicos que hacenen su propuesta en materia de educación escolar y superior.
I. Sobre laReforma Constitucional:
1. Reforma constitucional. Como lo sostuvimos en elacuerdo de nuestros partidos del 8 de julio de este año, consideramosfundamental consagrar en la constitución el carácter de “bien público” de laeducación. Es deber del estado garantizar una educación de calidad para todoslos ciudadanos y ciudadanas a lo largo de la vida. Asimismo, el estado tiene la obligación dedesarrollar una educación pública de calidad, en todos los niveleseducacionales. En el caso de la educación superior, consideramos necesario quenuestra carta fundamental incorpore un concepto esencial, cual es el de contarcon sistemas de admisión que excluyan la discriminación arbitraria, quegaranticen igualdad de oportunidades de acceso y que incorporen medidaseficaces para promover el acceso a jóvenes que requieren de un apoyo especial. Tambiénproponemos incorporar el concepto de interculturalidad y de defensa delpatrimonio cultural y linguístico de los pueblos originarios en laConstitución.
II. Sobre la educación escolar señalamos:
2. Educación parvularia. Afirmamos la necesidad deprofundizar el esfuerzo previamente realizado en la mejora y expansión de laeducación parvularia. Vemos con preocupación que el actual gobierno haabandonado esta prioridad, así que demandamos que sea repuesta.
3. Desmunicipalización. Respecto de la “desmunicipalización de la educación”, hemosseñalado que fortalecer la educación públicaconsiste en desarrollar un sistema nacional, autónomo y descentralizado,dependiente del estado, que reemplace el modelo de educación municipalizada. Másaún, estamos convencidos que esta nueva institucionalidad no puede consistir enun conjunto de modalidades dispersas sino en un sistema nacional y articulado,con gestión descentralizada y participación de las comunidades, que establezcaal Ministerio de Educación como responsable final de su funcionamiento.
4. Financiamiento basal parala educación pública. Respecto delfinanciamiento de la educación pública, ya en enero del presente año señalamosque este se debe modificar estructuralmente de manera de ir avanzando a unóptimo que garantice el 100% de los recursos para lograr una educación públcade alta calidad. Más aún, sostenemos con fuerza que este financiamiento nopuede depender exclusivamente de condiciones variables tales como el nivel dematrícula o la asistencia de los alumnos. Contar con un financiamiento basal sejustifica por la necesidad de tener una red de educación pública de calidad,extendida por todo el territorio nacional, que permita garantizar el derecho ala educación de todos los chilenos y chilenas. Dichos aportes basales permitirán, entre otras cosas, financiar a losentes administradores, la mantención de la infraestructura, las exigenciasadcionales panteadas a la educación pública y los gastos fijos de aquellosestablecimientos que deben funcionar en condiciones especiales, por razones deaislamiento, cambios poblacionales y otros.
5. Proyecto de ley. Por lo planteado anteriormente esperamos que el proyecto quepresentará el ejecutivo antes del 30 de septiembre contenga la sustitución dela actual institucionalidad municipal y del sistema de financiamiento por unapropuesta como la que hemos postulado en este documento y que coincidimos conustedes.
6. Escuela modelo de calidad. Respecto de la subvención escolar que reciben tanto losestablecimientos públicos como los privados, ésta debe ser modificada. Su valorse calculará en base al costo que tiene por cada alumno el funcionamiento deuna escuela modelo de calidad (por ello se requiere con urgencia conocerlos resultados de un estudio que fue acordado con el gobierno hace meses, elcual tiene por finalidad estimar con mayor precisión los costos de unaeducación que asegure aprendizajes de calidad a todos los estudiantes).
7. Exigencias para elfinanciamiento público. Esta nueva modalidad de financiamiento queasegura la cobertura de todas las necesidades de una escuela de calidad, debetener aparejadas mayores exigencias. Enprimer lugar, esta debiera ser incompatible con toda forma de selección escolaren educación básica y media, con la excepción de establecimientos especialestales como liceos artísticos o de excelencia. En segundo lugar, en la medida que nos acercamos a ese óptimo en materiade financiamiento público, el aporte de las familias debiera ser cada vez menosnecesario e ir reduciéndose hasta alcanzar su virtual eliminación. Un paso en esadirección es que, desde 2008, los establecimientos que reciben la SubvenciónEspecial Preferencial, no pueden cobrar financiamiento compartido. Por último, consideramos que el acceso alfinanciamiento público debiera estar destinado exclusivamente a institucionessin fines de lucro. Para alcanzar esteobjetivo, proponemos establecer un período de transición en que losestablecimientos que deseen mantener el acceso a los recursos del estadoadapten su forma jurídica y modelo de gestión a las nuevas exigencias.
8. Carrera docente. Estamos de acuerdo con ustedes respecto de la necesidad de avanzarcomo país en el establecimiento de una carrera profesional docente fundada enla dignidad y calidad. Hemos planteado que esta carrera debiera basarse en elmérito, considerando las etapas de desarrollo profesional, dignificar a losprofesores y profesoras en sus remuneraciones, incluidas las de carácterinicial, asegurar a los docentes más horas para la preparación de las actividadeseducativas que desarrollan frente a los estudiantes, incentivar a los mejorestalentos que egresen de la enseñanza media a estudiar pedagogía, garantizar alos maestros oportunidades y los recursos necesarios para su desarrolloprofesional, considerando adecuadamentela experiencia, fomentar su valoración social y el apego a una elevada éticaprofesional, y propender a su permanente entrenamiento pedagógico y formacióncontinua, que les permita a los profesores participar en un sistema de habilitación profesionalobligatorio para acceder a la docencia en los establecimientos financiados porel Estado y una evaluación docente perfeccionada, que de plenas garantías deprofesionalismo e imparcialidad. También coincidimos en que el sistema deacreditación de carreras de pedagogía debe ser modificado para queefectivamente garantice programas de formación de calidad. Por otra parte, estamosdispuestos en avanzar para mejorar la normativa existente, con carácterestatutario, relativa a los asistentes de la educación.
9. Racionalización decreación de nuevos colegios. Compartimos con ustedes la preocupación por laexplosiva creación de nueva oferta educativa privada que accede a la subvenciónestatal, al punto que estamos convencidos de que este fenómeno posee efectosmuy negativos como la pronunciada caída de la matrícula en la educación públicay el ineficiente uso de recursos y la existencia de sobreoferta en muchas zonasdel país. Por ello hemos señalado que,siguiendo experiencias de países de mayor desarrollo, se debieran establecer unconjunto de nuevas exigencias para la creación de establecimientos educativosprivados subvencionados. La primera es que estos deban acreditar sufuncionamiento con recursos propios, a lo menos, por dos años. La segunda, queacrediten el cumplimiento de estándares que garanticen la calidad del servicio educativoque prestan. La tercera, que para acceder a los recursos públicos, se demuestrela existencia de una demanda real de matrícula en el sector donde el colegio vaa funcionar. Todo esto debe establecersecon estándares objetivos y verificables.
10. Período de transición. Compartimos con ustedes lapreocupación por el período de transición hasta que entre en funcionamiento elconjunto de nuevas instituciones que regularán la oferta educacional en cadaterritorio y se haya instalado el nuevo sistema de administración deestablecimientos públicos. En particular, nos asiste la preocupación por el potencial cierre masivo de establecimientosde educación pública. Por ello, en el debate que se produzca sobre la nuevainstitucionalidad, buscaremos incorporar a ese cuerpo legal medidas de caráctertransitorio de modo que ello ocurra solo en el caso de ser estrictamentenecesario. En esta dirección proponemos la creación de un fondo destinado aotorgar recursos para los establecimientos públicos que tengan una pérdidasustantiva de matrícula, tendiente a evitar su cierre. Complementariamente,planteamos que el MINEDUC debiera garantizar normas que establezcan, para elperíodo intermedio a la entrada en vigencia del sistema de aseguramiento de lacalidad educativa y la nueva institucionalidad de administración de laeducación pública, estrictos criterios para autorizar la creación de nuevosestablecimientos privados subvencionados o el cierre de establecimientospúblicos solamente en los casos excepcionales debidamente justificados. En estamateria, demandaremos al gobierno acelere la instalación de las nuevasinstituciones que prevé el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad y equidadde la educación, Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación.
11. Transporte escolar. El acceso nodiscriminatorio al trasporte escolar debe ser considerado como parte del derecho a laeducación. En las zonas rurales y dedifícil acceso, debiera garantizarse un sistema de trasporte escolarespecializado y gratuito para los escolares. En el resto del territorio, losestudiantes debieran contar conbeneficios especiales de acceso al trasporte público general considerando lasparticularidades que en esta materia se dan en las regiones que garanticegratuidad o tarifa reducida, de acuerdoa la condición socioeconómica familiar, a los estudiantes de establecimientosque reciben financiamiento público o que estudian becados en colegiosparticulares pagados.
12. Reconstrucción einfraestructura. Compartimos la necesidad deestablecer un urgente y efectivo Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitaciónde la infraestructura escolar pública. Más aún, creemos que este programa debeincluir también el equipamiento necesario para el desarrollo de una educaciónde excelencia. En el marco de la reestructuración del sistema de financiamientoa la educación antes mencionado, en la próxima discusión presupuestariapropondremos considerar además una línea especial de financiamiento permanentepara la expansión y mantenimiento de la infraestructura escolar pública ypediremos al gobierno que entregue a la brevedad los detalles de implementaciónde dicho plan, región por región. En este contexto y por lo antes señalado, nocreemos prudente aprovechar el Plan de Reconstrucción como una manera de cerrarestablecimientos públicos.
13. Educación rural. La actual modalidad deeducación rural no responde a la obligación de asegurar igualdad deoportunidades a los estudiantes que se educan en ella. El estado debe tener una mirada preferente ala educación en el mundo rural para garantizar acceso y calidad sin perder laidentidad de los sectores rurales.
14. Educación técnico-profesional. En relación a la educación técnico profesional estamos de acuerdoen que se debe abrir una Nueva Etapa. Ya que en ella estudia el 40% de losjóvenes más vulnerables, debemos vincularla a los sectores más dinámicos de laeconomía y a la modernización de los servicios. El país requiere de una políticade largo plazo respecto de esta importante rama de la educación media y laprincipal recomendación es asumir una política de desarrollo de la oferta deeducación TP vinculada a estándares de desempeño institucional y a un sistemade aseguramiento de la calidad, que permita apoyar el desarrollo de losestablecimientos, sobre la base de planes de mejoramiento específicosadecuadamente gestionados y un rediseño de su sistema de financiamiento. Másaún, en enero pasado propusimos un conjunto de medidas inmediatas parafortalecer esta modalidad educativa, entre las que destacan: reponer cuanto antes los recursos paramejorar la infraestructura y condiciones para financiamiento de este sector;reponer las becas de prácticas profesionales y los programas de pasantías alexterior rebajados en la ley de presupuestos 2011, e instalar en el MINEDUC unaDirección de Formación Técnico-Profesional responsable de asegurar una miradaintegrada y coherente para la FTP. Dichaautoridad deberá desarrollar un plan de infraestructura, equipamiento y defortalecimiento académico de esta modalidad.
15. Corporacionesempresariales. Además proponemos la mejora delrégimen de gestión para los establecimientos administrados por corporacionesempresariales, que establezca normas que aseguren la transparencia financiera,la no discriminación y la adecuación a los estándares de calidad del resto dela educación financiada por el Estado.
16. Participación de lacomunidad escolar. Apoyamos con decisión su exigencia de mejorar sustantivamente los mecanismosde participación de la comunidad estudiantil y educativa en las escuelas yliceos. Desde ya, instamos al ejecutivo para que reformule el decreto N° 524que regula la creación y funcionamiento de los centros de alumnos, eimpulsaremos las iniciativas legales que sean necesarias para reconocer a las federaciones estudiantilessecundarias, las cuales hoy operan de hecho y no de derecho. Asimismo,postulamos ampliar el ámbito de las competencias y atribuciones de los consejosescolares y darles facultades resolutivas en lo relativo a la convivenciaescolar, las actividades extracurriculares, educación sexual y a otras materiasde interés de la comunidad en la cual se encuentran los establecimientoseducativos.
III.- Sobre la Educación Superiorseñalamos:
17. Regulación. Es evidente que laeducación superior ha crecido en cobertura de manera explosiva durante lasúltimas dos décadas y, aunque ello es positivo, un defecto a corregir ha sidoque ese proceso ha sido desregulado, ya que ese crecimiento de cobertura no haido acompañado de vigorosos y adecuados sistemas de supervigilancia,regulación, participación y control ciudadano necesarios para impedir algunosde los rasgos críticos que actualmente presenta el sistema en términos del sobre-endeudamientofamiliar y estudiantil, de alto nivel de deserción o de prácticas lucrativascontraria a la ley vigente.
18. Autocrítica. Hay que asumir que estos problemas no se visualizaron a tiempo.Pese a que lo intentamos, nos faltó mayor fuerza y convicción para enfrentar la continua resistencia de la derecha quedefendió con denuedo un sistema que minimiza el rol del Estado y que no aceptaregulaciones para la actividad privada.
19. Política de educaciónsuperior. Coincidiendo con los principios queenunciamos en la primera parte, creemos que la política de educación superiorno puede regirse por la lógica del mercado y que debe existir un plan dedesarrollo nacional de la educación superior, adoptada democráticamente porinstituciones y órganos que hoy no existen tales como una Subsecretaria y unsistema regulador y de aseguramiento de la calidad que sea eficiente yefectivo.
20. Principios rectores. Por ello es que coincidimosen que los principios rectores de unaPolítica Nacional de Educación Superior deben ser:
· la Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de unaPolítica de Estado, abordado con visión de largo plazo y definida con laparticipación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdosy con sentido de urgencia.
· El sistema de Educación Superior, en formación profesional einvestigación, debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental parael desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científicoy tecnológico del país.
· El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente elmonto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria, por lo cualel pacto fiscal y la reforma tributaria deben ser parte imprescindible de laReforma.
· Deben existir mecanismos equitativos de acceso la educación superior yla calidad de la misma debe ser la mejor garantía para una igualdad efectiva deoportunidades.
En especial queremos señalar lo siguienterespecto de la Educación Universitaria
21. Financiamiento basal parauniversidades estatales. En materia deFinanciamiento Institucional hemos señalado en nuestro compromiso de julio deeste año que se debe implementar un nuevo régimen de trato para lasuniversidades del Estado que garantice su financiamiento basal de formasustentable para ponerlas en un estándar de excelencia y liderazgo. Ello debiera significar aumentar elfinanciamiento basal de las universidades estatales a un porcentaje quegarantice su funcionamiento y desarrollo, lo que significa al menos duplicar elaporte actual, lo que debe ir acompañado de compromisos de gestión con metas claras y de interés nacional y mejoressistemas de gobierno institucional así como de mecanismos de control queaseguren el mejoramiento de la calidad de estos planteles. Este esfuerzo deberealizarse sin debilitar el apoyo que el Estado le entrega a las universidadesno estatales que reciben aportes fiscales directos. Así también las universidades públicasdebieran incorporar el principio de interculturalidad.
22. Universidades estatales regionales. La situación de las universidades estatales regionales requiere deuna atención especial que considere sus particulares carácterísticas ynecesidades. Lo anterior debe incluir eldesarrollo de la investigación en las áreas prioritarias para la región, eldesarrollo preferencial de las disciplinas ligadas a las vocaciones productivasdel territorio, entre otros aspectos a considerar.
23. Fondo de revitalización yaumento del AFD para universidades tradicionales. Se requiere considerar seriamente un aumentosignificativo del AFD para todas las universidades tradicionales, el cualdeberá reajustarse anualmente teniendo como piso el incremento de lasremuneraciones del sector público. Estedebe tener por objeto reforzar el sistema universitario tradicional, que es elque mas bienes públicos aporta, y frenar la lógica del autofinanciamiento dedichas instituciones que las desvía de sus roles académicos. Estos fondos debenser asignados de acuerdo a criterios de composición socioeconómica de sumatrícula, de potenciamiento a las regiones y a indicadores de endeudamiento ode gestión. Adicionalmente, se deberácrear un fondo de revitalización que se haga cargo de las tareas más urgentesorientado a recuperar aquellas instituciones con mayores carencias y necesidades.
24. Desarrollo estratégico deuniversidades estatales. Apoyamos también la ideade desarrollar con sentido estratégico la oferta universitaria estatal paraalcanzar niveles de calidad equiparables en todo el sistema público y focalizarla acción de ellas en territorios y áreas de especialización según suscompetencias y los requerimientos de una política nacional.
25. Compromiso con el interésnacional. Sostenemos que estos nuevos recursos paralas universidades estatales deben ser ejecutados en consonancia con las tareasque la sociedad les encomienda, y supervisados a través de adecuados mecanismosde control público.
26. Acceso a la educaciónsuperior y reformulación del AFI. Respecto de los sistemasde acceso a la educación superior, hemos afirmado en nuestro documento de julioque se debe reformar, estableciendo una selección equitativa que dé mayorpreponderancia al rendimiento escolar en base al ranking o posición relativa delos estudiantes en su respectivo curso. El 10% de los estudiantes de mejorlogro escolar en los establecimientos con financiamiento público debe teneracceso a la educación superior, independiente de su puntaje en la PSU. Esto debe ser reforzado por un cambio,perfeccionamiento, y ampliación en lamodalidad del Aporte Fiscal Indirecto, el que debe incluir a las instituciones que dan cabida aestudiantes de mejor desempeño en ese tipo de establecimientos y financiar deeste modo procesos de nivelación y retención de dichos estudiantes.
27. Nivelación y retención. Estos mecanismos u otros de similar orientación deben asegurar unaparticipación más representativa de la realidad socioeconómica del país en lasmatrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en elproceso de admisión y evaluando de manera transparente su pertinencia.Compartimos que debe asimismo darse relevancia y apoyo financiero a lospropedéuticos y otros sistemas de nivelación y retención, y que debegarantizarse el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes connecesidades educativas especiales en la educación superior.
28. Derechos garantizados paraayudas estudiantiles. Sobre el Sistema deFinanciamiento Estudiantil nuestra posición es que se debe establecer un nuevosistema de ayudas estudiantiles de educación superior que genere derechosgarantizados para los jóvenes, equivalente a un AUGE de la educación superior.Se deberá avanzar hacia el establecimiento de un sistema único de becas ycrédito fiscal para la educación superior, universitaria y no universitaria. Comolo dijimos en nuestro planteamiento sobre educación superior del 8 de julio, proponemosestablecer un sistema que garantice gratuidad, a través de becas, al 60% de lossectores de menores ingresos que estudien en carreras universitarias, profesionales o técnicas, las que deberánestar debidamente acreditadas.
29. Sistema común de crédito. Como modo de aproximarnos a un sistema único, en el caso delcrédito solidario, somos partidarios de mantener la actual cobertura ycondiciones. Debemos avanzar hacia una sola modalidad de crédito que tenga comoparámetro las condiciones actuales del crédito solidario. Respecto del Crédito con Aval del Estado, que permitió una fuerteexpansión del acceso a jóvenes de menores ingresos, este sistema debiera serrediseñado para alcanzar condiciones equivalentes a las del crédito solidario.Al mismo tiempo y para asegurar el incremento sostenido de la cobertura y lasustentabilidad financiera de este sistema, se debieran prever mecanismoseficaces para regular los valores de los aranceles de las carreras y/oprogramas que financiará el estado, de modo de evitar el endeudamientoadicional de los estudiantes y sus familias, la ampliación de las oportunidadesa todos los jóvenes de sectores de mayor vulnerabilidad y de clase media queposean mérito para acceder a este nivel educativo, asegurando no sólo su accesoa esas oportunidades educativas, sino también su permanencia y un egreso conlas competencias indispensables para su buen desempeño profesional y/oacadémico.
30. Mayores exigencias a lasinstituciones. El AUGE de la educación superiordeberá estar dirigido exclusivamente a instituciones que cumplan rigurosamentela ley que prohíbe el lucro en las universidades, que obtengan acreditación enun sistema renovado, que garanticen los principios de libertad de cátedra, libertadde asociación y expresión, aseguren y promuevan la existencia de FederacionesEstudiantiles y sean transparentes con la totalidad de sus recursosfinancieros.
31. Superintendencia de laeducación superior. En lo que respecta a la Nueva Institucionalidadsomos partidarios de la creación de una Superintendencia de Educación Superiorque actúe como agente de control y regulación de las distintas institucionesdel sistema, asegurando transparencia en el uso de los recursos y fiscalizandoque las universidades no se presten para actividades lucrativas. Esta Superintendencia deberácontar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes lassituaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior.Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece laprohibición del lucro en toda institución de educación superior.
Esteorganismo debiera velar que todas las instituciones de educación superior sesometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Sostenemosque la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educaciónsuperior debe ser obligatoria, incluyendo publicación de FECU semestral porcada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos gastosy vínculos contractuales.
32. Cumplir con la ley sobre el lucro en universidades. En la discusión en torno allucro en la educación superior, hemos sido enfáticos en nuestra declaración dejulio que se debe hacer cumplir la ley que prohíbe la realización deactividades lucrativas en el ámbito universitario. Ello requiere de una acciónenérgica por parte de los poderes públicos fiscalizando la realización denegocios en las universidades y sancionando su existencia. Si se legisla eneste ámbito, debe ser para fortalecer la legislación existente y no paradebilitarla.
33. Sistema Nacional deAcreditación. Somos partidarios de una renovaciónprofunda del Sistema Nacional de Acreditación. La ley de acreditación de lacalidad, a la que se opuso la derecha enel Congreso, y restringió su alcance, debe ser ahora mejorada, elevándose losestándares y exigencias para entregar recursos públicos. Para ello hemos afirmado que se debe refundar laComisión de Acreditación mediante la creación de una agencia aseguradora decalidad de la educación superior, que establezca criterios más exigentes ymenos burocráticos para la entrada de nuevas instituciones y que controle yasegure la oferta educativa y la calidad de las existentes. Se debe avanzarhacia la creación de nuevos indicadores de la calidad, que ahora no soloconsideren las características de esta oferta educativa, sino también losresultados, entre los cuales son relevantes: las tasas de acceso de jóvenesmeritorios pertenecientes a sectores vulnerables; las tasas de retención; lastasas de éxito oportuno, y; las competencias logradas por los jóvenes al egresode esas instituciones, tal como ya se plantea en el caso de las carreras depedagogía y medicina. Asimismo, el nuevo sistema deberá fortalecer lascapacidades de acreditación del ente público y evitar las distorsiones queactualmente existen en la verdadera industria de la acreditación que se hacreado en este ámbito.
34. Participación de losestamentos de la educación superior. Para garantizarla democratización y la vigencia y resguardo de los Derechos y Garantías Constitucionales, especialmente en loreferido a la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo eninstancias colegiadas; la libre expresiónde las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin máslímites que los impuestos por la propia Constitución, hemos afirmado que sedeben derogar de los artículos 56, 67 y 75 en sus letras e del DFL 2 del 2010,en el que se impide la participación de estudiantes y funcionarios en losespacios de tomas de decisiones dentro de las universidades, centros deformación e institutos técnicos.
35. Pueblos Originarios. Respecto de los Derechos Educativos y lingüísticos de los PueblosOriginarios, apoyamos que se debe garantizar un sistema educacional inclusivo yplural que incorpore los derechos educativos y lingüísticos de los pueblosoriginarios y la interculturalidad en el sistema educativo, lo que debieraestar reconocido en la propia Constitución. Ello implica generar al interior delas instituciones estatales los espacios para incorporar la miradaintercultural en todas las materias que resulte pertinente, especialmente en loreferente a la creación e incorporación a los planes y programas, mallascurriculares y proyectos educativos institucionales de contenidos educativosindígenas, considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a lalengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos. Así también, en materia debeneficios estudiantiles, apoyamos la implementación de una política pública que mejore el acceso aalojamiento para los estudiantes indígenas y supere las limitaciones de laspolíticas implementadas durante los últimos años. En estas materias deberá aplicarse plenamenteel Convencio 169 de la OIT.
36. Formación Técnica Superior. Finalmente, en lo relativo a los Centrosde Formación Técnica e Institutos Profesionales, proponemos como política lacreación de una red de centros de formación técnica e institutos profesionalesde carácter público, bajo la supervisión de la Superintendencia y la Agencia deCalidad de Educación Superior. Ello debe ir acompañado de una revisión de losmecanismos de transición y acceso desde la enseñanza media, de los mecanismosde acreditación de los establecimientos y las carreras que imparten.
37. Deserción y largo de lascarreras. Dados los actuales niveles de deserción anivel de la educación superior, sostenemos se requiere de una estrategianacional que busque reducirla de manera significativa. Asimismo, consideramosdel todo valido realizar un análisis y proponer alternativas que apunten aacortar la duración de las carreras en este nivel educativo.
Un camino de diálogo para laReforma
Por la seriedad de sus planteamientos y la trascendencia que tienen parael país y su futuro, hemos querido responder en detalle cada uno de los puntosseñalados en su documento “Bases para un acuerdo socialpor la educación chilena”. Expresar claramente las ideas es un paso vital paraun debate y dialogo fructíferos.
Para los partidosde la Concertación se requiere de una condición adicional. Se debe definir unaruta para procesar el conjunto de desafíos legislativos y de política que implicarátratar de concretar estas aspiraciones.
En primer lugar,se requiere que, ustedes como movimientosocial, acompañen y enriquezcan el proceso legislativo. Creemos muycontraproducente cerrar el debate entre los políticos de gobierno y la oposición.Tampoco es suficiente el tradicional sistema de audiencias públicas paracanalizar sus demandas. Creemos necesario establecer un canal de comunicación sistemáticodurante el debate parlamentario que viene por delante. Por ello es que hemosdecidido constituir un comité parlamentario de 9 miembros, al cual concurriránsenadores y diputados de la Concertación, y queremos ofrecerles esa instanciacomo un espacio de encuentro para acompañar el proceso legislativo (parlamentarios-técnicos-movimientos):Un comité de seguimiento para el cumplimiento de los compromisos asumidos por laspartes.
En la nueva etapaque se inicia, tras el cambio de gabinete, el gobierno debe abrirse a nuevaspropuestas y enfoques. La agenda legislativa de GANE es incongruente einconducente. Se debe revisar el sistema de crédito en su conjunto y no tomar ahoramedidas paliativas (bajar tasas del CAE de 6 a 4%) para luego esperar un año aun futuro proyecto que unificará los sistemas de ayudas estudiantiles. Ello noes lógico. Más aún si antes el gobierno ha señalado que abordará la creación deuna nueva institucionalidad con una subsecretaría y una superintendencia deeducación superior, dejando para más adelante la revisión del sistema deacreditación. Lo anterior refleja un mal diseño temporal en la implementación delas iniciativas.
Frente a estasmuestras de improvisación y poca prolijidad, creemos necesario que el gobiernorevise seriamente la actual agenda y proponga una nueva en la que establezcauna hoja de ruta clara y coherente. Esa es la forma responsable y eficiente deabordar la enorme tarea legislativa que tenemos por delante.
Chile seencuentra en un momento muy propicio para avanzar en lo que son las demandas desu movimiento por la reforma del sistema educacional, posiblemente como nuncahoy es posible. No podemos defraudar esas esperanzas. Por ello y como partidos de la oposición noscomprometemos a asumir con firmeza y convicción los planteamientos que frente austedes asumimos en este documento.
Gracias a la tenacidad del movimiento social, el gobierno ha debido hacer trespropuestas sucesivas para responder a la demanda educacional. Cada una de ellasha incluido logros importantes que no estaban previstos en la agendagubernamental y que se han obtenido gracias a la persistencia y masividad delas movilizaciones ciudadanas. Estos logros, a pesar de eso, no incluyen loscambios estructurales que este movimiento por la educación ha solicitado. Elgobierno se ha negado a establecer de forma clara un nuevo rayado de canchapara la educación. Sin embargo, hay una mayoría de actores políticos de laoposición y actores sociales que hemos avanzado en acuerdos inéditos para abriruna nueva era de la educación chilena. Ello también constituye un triunfo delMovimiento Social Por la Educación. Nuestro compromiso solemne es a impulsarestas reformas de la mano con los actores sociales más allá de las decisionesque adopte el actual gobierno. Hacemos propias estas definiciones y serán labase de nuestra política educacional como fuerzas de oposición y, en el día demañana, como fuerzas de gobierno. Cada uno de nuestros candidatos a alcaldes yconcejales, senadores, diputados y, ciertamente nuestros candidatospresidenciales se comprometerán con estas definiciones y las impulsarán en elejercicio de sus cargos.
Esta mayoría ciudadana ypolítica por una nueva educación para Chile es el logro del movimiento social ydebiera dar paso a una nueva fase de éste, que manteniendo su movilización yparticipación activa retorne a clases evitando la pérdida del año escolar.
Valparaíso,2 de Agosto de 2011
CarolinaTohá JoséAntonio Gómez
Presidentadel PPD Presidentedel PRSD
OsvaldoAndrade IgnacioWalker
Presidentedel PS
Presidentedel PDC
