Diputado Squella pide urgencia proyecto que endurece penas a robo de vehículos motorizados.

Iniciativa legal obligará a jueces a aplicar la pena máxima frente a este delito y se impondrá un castigo similar a quienes envíen o transporten autos robados al extranjero.

 

El diputado por la provincia de Marga Marga, Arturo Squella, valoró la ágil discusión en torno al proyecto de ley que busca aumentar la pena a los delitos de robo de vehículos motorizados, buscando su pronta aprobación para ponerle atajo a la tendencia a alcista que ha experimentado este tipo de atracos.

 

Y es que en la actualidad, en Chile se roban 100 vehículos diarios con plena impunidad, afectando principalmente a la clase media de nuestro país. El texto legal entonces, se hace cargo de esta materia frente a todos los que se dedican a este tipo de robos, exponiéndolos a penas efectivas que parten de los cinco años.

 

Respecto al labor que se está realizando desde el parlamento en esta materia, el diputado miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas – donde ya fue aprobada la iniciativa -, señaló: “Hemos tenido en la última semana un arduo trabajo en materia de seguridad ciudadana y de combate a la delincuencia, tuvimos la oportunidad de discutir un proyecto que es importantísimo para la ciudadanía, no sólo para quienes sufren el robo de vehículos motorizados, sino que para todos que tienen el temor de ser victimas este tipo de delito”.

 

En ese sentido, Squella agregó que “creo que la discusión que se dio en la cámara de diputados, ha dado muestra que existe un apoyo importante, contundente a este proyecto que lo que hace en definitiva es aumentar en un grado las penas a quienes incurren en este acto”.

 

Finalmente, el parlamentario UDI hizo un llamado a que este proyecto no caiga en la misma enfermedad de muchos otros, en donde si bien la teoría apunta a duras penas, la realidad termina hablando de condenas con múltiples beneficios y medidas alternativas en libertad. “Debemos asegurar el cumplimiento efectivo de las penas, para así, avanzar en que las personas que creen que pueden estarse haciendo de los bienes de otras personas, sufran las consecuencias, en este caso la privación de libertad”, remató Squella.

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