De una forma transversal, los representantes de las diez comunas de la Región de Valparaíso que se verán afectadas con el trazado del proyecto de alta tensión Cardones – Polpaico, manifestaron su molestia por lo que hasta ahora es la nula respuesta desde el Gobierno, ante esta situación que preocupa la comunidad.
Esa fue la voz común entregada por los alcaldes de las localidades, parlamentarios y representantes de los vecinos, quienes se dieron cita en una nueva reunión, que tuvo lugar la mañana de este lunes en Puchuncaví.
En la ocasión, la falta de una postura clara y que escuche la realidad de las comunas, por parte del Ministerio de Energía, ha llevado a que los representantes comunales, determinaran como fecha límite para una respuesta del Gobierno, la segunda quincena de noviembre.
En lo concreto y lejos el punto que más produjo una sensación de falta de seriedad desde la secretaría de Estado, fue cuando un asesor jurídico del Ministerio de Energía, respondió a las inquietudes de los presentes, leyendo los plazos de licitación, información básica que es posible descargar desde portales web y que dejó ambiente una falta de profundidad por parte del ministerio, ante un tema que preocupa a un importante número de habitantes de la región, ya que de ejecutarse complicará en forma radical su calidad de vida.
Al respecto, el alcalde subrogante de la Ilustre Municipalidad de Limache, César Molina, señaló que es doloroso participar de una mesa técnica donde se representa a 10 comunas, que no pueden tener una contra parte.
“Acá hay un tema que es complejo desde el diseño, es algo que afecta al país, con una política ambiental que tiene en total indefensión a 10 comunas de la región, que incluso se han visto obligadas a gastas recursos por expresar y dar una señal clara al Gobierno, ya que no queremos que las torres de alta tensión pasen por nuestros territorios”.
Molina agregó, que nuestra contraparte (Ministerio de Energía), reconoce falta de preparación o de posición concreta con respecto a las autoridades comunales, que tenemos que dar explicaciones a nuestras comunidades y no obtenemos respuestas desde el Gobierno.
“Por ello pedimos respetuosamente a las autoridades gubernamentales, que tomen cartas en el asunto, tomen en cuenta a las 10 comunidades y también les decimos a las autoridades regionales que acá hay una gran oportunidad para dar una señal al país, que en una región como la nuestra podemos generar una mesa de diálogo en materias medioambientales, de que podemos vivir en un país sustentable, donde las comunidades sean escuchadas a través de sus alcaldes”, acotó el jefe comunal (S) de Limache.
Por su parte, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía de la Región de Valparaíso, Jorge Olivares, sostuvo que la modificación del trazado depende del titular (empresa) al cual el ministerio hará entrega del decálogo de las observaciones que presenten los alcaldes, reconociendo en sus declaraciones que esta secretaría de Estado es “mandante” en el tema, aunque las acciones que efectúa la cartera sean interpretadas más como las de un “intermediario”, por parte de los ediles y comunidades afectadas en la región.
El Seremi Olivares, igualmente señaló que el mensaje que él entregará al ministro de Energía, Máximo Pacheco, será el de “explicar cuáles fueron los acuerdos, hacer presente el malestar de los alcaldes y la comunidad, ya que los procesos van más lento de lo que se quisiera, porque este tipo de estos procesos son lentos”, sostuvo.
Si bien en esta ocasión participó por algunos minutos un representante de la firma Interchile, que busca llevar a cabo el proyecto, su presencia pasó casi de ser percibida, además de excusarse a responder consultas de la prensa.
Por su parte, los equipos técnicos continuaron trabajando durante la jornada para entregar, ahora al Ministerio del Interior, además del de Energía, los acuerdos del decálogo de solicitudes de las comunidades afectadas.
Será la acción que se entregue desde el Gobierno dentro de un plazo máximo de 30 días, el que definirá la postura conjunta de municipios y comunidades ante el tema, sumando más fuerza el alzar la voz y judicializar la situación, para que exista un enfoque país, en caso de no haber respuestas favorables a las solicitudes de las 10 comunas afectadas.
