El pasado martes 7 de Julio, personal de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y
Menores (Brisexme) de Curicó, lograba la detención del imputado por el delito de
violación de una menor de 12 años, la cual presenta un embarazo de 9 semanas de
gestación producto del brutal hecho. Mientras tanto, algunos parlamentarios aplazaban la
votación sobre la idea de legislar para despenalizar el aborto en casos de peligro de vida
de la madre, inviabilidad del feto o violación, cediendo ante la presión de uno de los
partidos del oficialismo. El estado de Chile, a través de las restricciones en la práctica del
aborto, está poniendo en peligro la vida y la salud de las mujeres y niñas, como la
menor de Curicó, en abierto incumplimiento de sus obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos, coartando el derecho de las mujeres a decidir. ¿Cómo
Chile puede hacer frente a situaciones tan dramáticas como estas, si algunos
parlamentarios no logran conectarse con la realidad que vive nuestro país? En Chile
nuestras niñas y adolescentes son las principales víctimas de violación, como lo confirman
las estadísticas publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito
(UNODC) durante el 2014, las que indican que nuestro país ocupa el tercer puesto a nivel
mundial en la tasa de denuncias por abuso sexual infantil cada
100 mil habitantes, con 68,5 casos registrados en 2012. Las mujeres víctimas de
violación experimentan diversos trastornos emocionales que van desde la depresión,
hasta pensamientos e intentos suicidas entre otros, todos síntomas de estrés
postraumático. En este sentido no es difícil imaginar que estos efectos negativos se
acrecientan aún más, frente a la imposición de tener que continuar un embarazo no
deseado, debido a la imposibilidad de acceder a un aborto legal y seguro. ¿Quién se hará
cargo de la menor de Curicó?, ¿Quién velara por su salud mental y física?, la menor de
Curicó no tiene opciones, al menos no las que el dinero puede comprar en este país, ella
no puede decidir interrumpir su embarazo y tampoco contará con el debido
acompañamiento y respaldo que garanticen su bienestar y desarrollo, si su deseo es
continuarlo. Nuestro país y sus parlamentarios están sumidos aún en la
oscuridad de la Edad Media, con un estado laico solo en el papel, que no es capaz de
legislar dejando de lado los dogmas y la influencia de la iglesia autoritaria, la misma que
protege públicamente a violadores. La menor de Curicó no puede optar, Chile le ha fallado,
ante la ceguera de nuestros parlamentarios esta menor deberá someterse a la
continuación forzada del embarazo producto de la brutal violación de la que fue
víctima, incrementará su riesgo de morir durante el parto a más del doble comparado con
mujeres adultas, como lo demuestran los estudios donde se analiza la mortalidad
materna por rango etario en chile entre los años 2005 y 2010, y como si fuera poco,
tendrá un 70% menos de probabilidades de recibir educación superior y por lo tanto es
posible que viva en condiciones económicas y sociales desfavorables. El estado de
Chile debe despenalizar el aborto por las tres causales, de modo que se desarrollen
políticas públicas que permitan a las mujeres optar por terminar el embarazo en caso de
violación, así como también asegurar una asistencia médica especializada en
aquellas mujeres que decidan continuar con sus embarazos. Argumentar que es
necesario más tiempo para escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, no es más
que un intento de entorpecer la aprobación del proyecto en cuestión y un insulto para
organizaciones como la nuestra, que ya han expuesto en la Comisión de Salud de la
cámara baja, ante la ausencia de la mayoría de los miembros de esta. Pareciera ser que
nuestros parlamentarios tienen serios problemas de agenda a la hora de escuchar a la
sociedad civil y de decidir sobre el bien común de las chilenas, sin embargo estos
problemas desaparecen cuando se trata de proyectos como el que buscaba rebajar la
dieta parlamentaria. Chile y sus parlamentarios están en deuda con las mujeres, este
estado que se autodefine como laico, tiene el deber de garantizar el bien común por
sobre la ideología de origen político o religioso, que una minoría intente imponer.
