Justicia condena a grafiteros que agredieron a maquinistas de Metro Valparaíso.

07 10 2015images

 

Condenas castigan acciones ocurridas durante el año 2013, provocando daños en la

infraestructura de la empresa de transportes y lesiones a miembros de su equipo.

Metro Valparaíso informa que con fecha 21 de diciembre de 2015 la justicia

condenó a Juan Ignacio Eduardo Ugarte Soto a la pena de 270 días de presidio menor en su grado

mínimo y a las penas accesorias de suspensión de cargos u oficios públicos durante el tiempo de la

condena, por los delito de daños en contra la propiedad de Metro Valparaíso y lesiones en contra del

maquinista Cristian Fernández. El condenado deberá pagar además una multa de dos unidades

tributarias mensuales por los hechos ocurridos el pasado 31 de julio de 2013.

Condena similar

La sentencia judicial se suma al anterior fallo que el pasado 10 de abril condenó a Martín Guerra

Ríos a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, por daños a la propiedad de Metro Valparaíso

y lesiones a los maquinistas, Cristian Fernández y Fernando German Cortes, hechos perpetrados el

31 de julio y el 10 de agosto de 2013.

Al referirse al resultado judicial, Marisa Kausel, gerente general de Metro Valparaíso, destacó la

importancia de las condenas y su efecto disuasivo. “Seguiremos llevando adelante todas las

acciones judiciales que sean necesarias para evitar la repetición de este tipo de situaciones. No

podemos permitir que miembros de nuestro equipo que están cumpliendo con su trabajo sean

atacados, ni tampoco que se afecte un servicio público vital como Metro Valparaíso. No nos

cansaremos de repetir que este tipo de hechos no afectan a una empresa en particular, provocan un

daño a toda la comunidad de la región y a los miles de pasajeros que diariamente ocupan nuestro

servicio”.

De esta manera, la ejecutiva ratificó que la empresa seguirá ejerciendo todas las acciones legales

correspondientes ante situaciones similares, las que estarán sustentadas en la Ley de Ferrocarriles

del Estado, que contempla importantes sanciones para acciones que afecten la seguridad de la

operación y el resguardo de sus usuarios.

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