Desde el partido de oposición respaldaron al Gobierno en su decisión de no permitir que los congresistas opten a este nuevo cargo. “En Amplitud rechazamos cualquier tipo de privilegios o cálculo político”, aseguraron.
Después de semanas de polémicas, finalmente La Moneda decidió no permitir que los parlamentarios en ejercicio postulen al nuevo cargo de Gobernador Regional en las elecciones de noviembre próximo.
El conflicto se generó cuando algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría anunciaron que aprobarían la Ley Orgánica Constitucional, para elegir a los nuevos representantes regionales en noviembre, siempre y cuando se les permitiera postular a ellos sin la necesidad de renunciar a sus cargos en el Congreso.
Esta situación fue rechazada abiertamente por Amplitud, quienes acusaron a los parlamentarios de aprovechamiento político.
Es por esto, que en el partido de oposición e ideas liberales valoraron la determinación del Ejecutivo. “Es una muy buena noticia para quienes nos opusimos desde el minuto uno. Esperemos que tanto la Nueva Mayoría como Chile Vamos no ingresen indicaciones que cambien las reglas del juego por un cálculo político”, aseguró el vicepresidente de Amplitud, Patricio Nawrath.
El dirigente del partido que integra el conglomerado “Sentido Futuro” agregó que “para nosotros es prioridad que las regiones tengan cierta autonomía y autoridades electas por la propia ciudadanía. Esperamos que el Gobierno ingrese las leyes necesarias y otorgue las urgencias correspondientes para que el cargo de Gobernador Regional cuente con todas las herramientas y competencias necesarias, y no sea un cargo a medias”.
Por su parte la vicepresidenta Elizabeth Armstrong enfatizó que “en Amplitud rechazamos cualquier privilegio de la clase política y esperamos que el Gobierno mantenga su posición de no permitir que los parlamentarios puedan ser candidatos a Gobernadores Regionales. No es posible que los congresistas legislen especialmente para ellos”
Por último, Armstrong expresó que “sería impresentable cambiar ahora la exigencia que obliga a las autoridades y funcionarios de alto nivel a renunciar un año antes a sus cargos, para postular a algún cargo de elección popular”.
