Por Mabel Zúñiga. Candidata a diputada V Costa por el Frente Amplio
La vivienda debe ser entendida como un derecho humano, y no como una mercancía; Por lo mismo, se hace
imperativo trabajar por una nueva Constitución que reivindique este derecho teniendo en cuenta el carácter
intercultural de nuestro país y la necesidad de reconocer y garantizar explícitamente los derechos de los sectores
más discriminados por un modelo que se basa en la distribución desigual de la riqueza: los pueblos indígenas, los
migrantes, las personas de la tercera edad y aquellas con discapacidad.
Siendo nuestra región la región con más altos índices de campamentos en el país, este debe ser un tema de
principal preocupación para las futuras autoridades de la zona. El nuevo gobierno debe tomar medidas
inmediatas para abordar la discriminación y la estigmatización de los que viven en campamentos, en
asentamientos informales y en las periferias de las ciudades, sincerando las estadísticas sobre las necesidades
reales de vivienda, y abriendo el catastro de campamentos cerrado desde el año 2011;
Lo siguiente será trabajar porque el Estado asuma su rol de garante del derecho a una vida digna, asegurando
contar con un Banco de Tierras suficiente y adecuado para asegurar la inclusividad en nuestras ciudades,
frenando la especulación del suelo urbano con medidas impositivas más drásticas a los grandes lotes eriazos que
no son puestos a la venta para la producción de viviendas sociales, y apuntando a la recuperación de los
beneficios del sector inmobiliario y de la construcción que han sido obtenidos a partir del esfuerzo de la
comunidad, para que sean canalicen hacia la producción de viviendas sociales, asegurando desde el punto de
vista urbano los elementos mínimos del derecho a una vivienda adecuada: servicios básicos incluyendo agua,
saneamiento y electricidad a todas las comunidades asentadas en terrenos públicos y la reforma a las leyes que
impiden que se asegure que estos servicios estén a disposición de la población en terrenos privados.
En lo legal, se debe promover leyes para el saneamiento del problema de la tenencia contemplando las diversas
opciones de regularización del dominio, más allá de la propiedad individual, por ejemplo, viviendas cooperativas
y otros modelos de propiedad comunitaria. Adicionalmente, se debe redactar una nueva ley de migración que
apunte a la protección de los derechos socioeconómicos de todos los migrantes.
Chile debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD) y la Meta 11.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurando los
recursos para que todos los asentamientos informales se regularicen de manera oportuna. Ningún desalojo de
tierras privadas se podrá realizar a menos que se cumpla estrictamente la normativa internacional de derechos
humanos y a menos que se disponga de un alojamiento alternativo adecuado para todos los residentes.
