Lillian Pérez-Loezar, académica de la Universidad de Playa Ancha
(UPLA) que participa en mesa técnica que asesora al Senado en
materia educacional, recalcó que énfasis debiera estar en niños y
niñas en situación de discapacidad y en quienes trabajan con ellos.
Capacitar en primeros auxilios psicológicos a las y los profesionales de la
educación para resolver contingencias emocionales, generados en contexto de
pandemia, fue una de las principales orientaciones que entregó la mesa técnica
que asesora a la Comisión de Educación de la Cámara Alta.
La información la dio a conocer Lillian Pérez-Loezar, doctora en Neurociencia
Cognitiva Aplicada y académica de de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), quien
forma parte del equipo asesor del Senado.
La profesional precisó que se trata de una propuesta que permite abordar a nivel
nacional el impacto del Covid-19 en el sistema educativo chileno y que incluye
estrategias que permiten llevar a cabo tareas esenciales de funcionamiento en un
contexto de crisis sanitaria, social y económica respecto de la educación especial.
Agregó que el apoyo psicológico está orientado, principalmente, a los y las
estudiantes en situación de discapacidad que asisten a los diferentes dispositivos
de educación especial en Chile, en los formatos de Programas de Integración
(PIE), escuelas de lenguaje y escuelas especiales en sus diferentes
dependencias, puesto que -dijo- es el grupo que más ha interrumpido sus
procesos educativos y de aprendizaje producto de la pandemia.
“Todo esto agudizó situaciones de exclusión que no solo afectan a
aquellas estudiantes en situación de discapacidad, sino también a niños y
niñas con ritmos y formas de aprendizaje diferente. Por ello, como mesa
técnica, propusimos capacitar en primeros auxilios psicológicos a las y los
profesionales de la educación para resolver contingencias emocionales y
diseñar protocolos de primeros auxilios psicológicos y no solo para los
niños, sino también para los familiares”, dijo la académica.
Esta instancia técnica también propuso crear nuevas políticas de financiamiento
para enfrentar los daños y perjuicios psicológicos, socioemocionales y la
fracturación de los aprendizajes originados por la pandemia, lo que incluye realizar
seguimiento a las familias de los estudiantes que presentan algún tipo de
neurodiversidad funcional en virtud de resguardar la emocionalidad.
Asimismo, propusieron aumentar la dotación de profesionales que asiste en la
educación (psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales,
kinesiólogos, intérpretes de lengua de señas), incluyendo a estudiantes de
establecimientos públicos, subvencionados y privados.
“Desde octubre de 2019, como sociedad chilena, hemos debido afrontar
actos violentos, confinamiento, cesantía, incertidumbre, fallecimientos o
enfermedades graves, por lo tanto, es un imperativo preocuparnos del
estado emocional de los funcionarios de la educación, porque además de
ser personas, en su rol docente o paradocente, son quienes reciben a los
estudiantes, y con mayor razón, cuando sabemos que muchos de ellos
trabajan con niños y adolescentes en situación de discapacidad”, concluyó
la doctora Pérez-Loezar.
