Para abordar el problema del aumento del uso de armas de fuego en tiroteos y
balaceras en lugares concurridos, especialmente por el impacto devastador en la
vida de niños y adolescentes.
En la última década, 218 niños, niñas y adolescentes perdieron la vida a causa de
armas de fuego, de acuerdo con la Fundación País Seguro, basadas en datos oficiales y
reportes de medios de prensa. En este contexto, las diputadas Carla Morales, Camila
Flores y Catalina Del Real, anunciaron el ingreso de un proyecto de ley para aplicar una
agravante a aquellos involucrados en el delito de disparos injustificados cuando estos
resulten en la muerte o lesiones graves de personas.
El proyecto propone incorporar un nuevo inciso sexto, al artículo 14 D, de la ley N°
17.798, sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el Decreto 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional.
Al respecto, la diputada Catalina Del Real comentó que “el aumento alarmante de
víctimas jóvenes debido al uso de armas de fuego en Chile es una señal clara de un
problema que debe abordarse de manera urgente y efectiva”.
En tanto, la parlamentaria Carla Morales recalcó que “la regulación sobre el control de
armas se presenta como una medida fundamental para prevenir la violencia armada en
Chile. La implementación de políticas más estrictas, que incluyan la restricción del acceso
a las mismas y la penalización severa para quienes las utilicen de manera irresponsable o
delictiva, es esencial para proteger la vida de los ciudadanos, especialmente de los más
vulnerables”.
En la misma línea, la diputada Camila Flores sostuvo que “es una herramienta legal
que va a incorporar una agravante a la Ley de Armas, la cual va a permitir combatir
también la impunidad en contra de quienes cometen este tipo de delitos y actuando
como un elemento disuasorio a fin de proteger la seguridad pública”.
La encuesta CASEN 2022 reveló que un alarmante porcentaje de hogares con niños,
niñas y adolescentes han presenciado o vivido balaceras en su entorno residencial, lo que
muestra la gravedad y la urgencia de la situación. Incluso organismos internacionales
como UNICEF han condenado estos hechos y han instado al Estado chileno a tomar
medidas urgentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes.
