Diputado Daniel Verdessi (DC) y decisión de Corte Suprema de acoger recursos de protección por contaminación en Quintero y Puchuncaví.

 

“esto viene a demostrar que en Derecho existe la
necesidad de proteger a la población de los contaminantes”
Calificó la medida como un gran paso para llegar a una nueva ley ambiental
Su satisfacción por la decisión de la Corte Suprema de acoger los recursos de protección
interpuestos por los episodios de contaminación ocurridos entre agosto y septiembre del año
pasado en Quintero y Puchuncaví, manifestó el diputado de la Democracia Cristiana Daniel
Verdessi.
El médico integrante de la Comisión de Salud señaló que “esto viene a demostrar que en Derecho
existe la necesidad de proteger a la población de los contaminantes, y la decisión de la Suprema
recogió muchos de los planteamientos que hicimos cuando se produjeron las emergencias
ambientales, era que había un peligro de un daño a la población”.
El representante del distrito 6 destacó que “de ninguna manera significa que esto ha concluido y
que no hay problemas con el nuevo plan de descontaminación, porque existe un amplio terreno
donde no se han tomado decisiones como es la contaminación de la tierra y el agua, ya que estos
planes solo toman en cuenta el tema del aire”.
“Creo que es un gran paso que se ha dado para llegar a la población en una nueva ley ambiental
que durante muchos años ha sido muy laxa y que no establece una protección al medioambiente.
Hoy día la ley ambiental es laxa, débil e insuficiente, tenemos que trabajar en una ley ambiental
que establezca como prioridad la protección del medioambiente y de las personas”, sostuvo.
El diputado Verdessi puntualizó que “en toda esta emergencia ambiental era muy difícil hacer
sanciones por el tema ambiental mismo, porque no hay una ley que lo sustente, tuvo que ser por
el daño a la población que se tomaran medidas como suspender el ejercicio de algunas empresas.
También había una ambigüedad respecto a la diferenciación entre las empresas públicas y
privadas, donde había una mayor laxitud para definir límites a la empresa privada”.